ABORTO
Por sin -autor

Quedó firme el fallo de la Suprema Corte bonaerense que dio vía libre a la realización de un aborto terapéutico, en el caso de una mujer cuya vida corría riesgo si su embarazo llegaba a término. La mujer tiene 35 años y problemas cardíacos severos. Por ese motivo, una junta médica del Hospital Evita consideró necesario un aborto terapéutico, contemplado en el Código Penal. Aunque el Comité de Bioética de ese centro de salud también se pronunció en ese sentido, los médicos exigieron a la paciente una autorización judicial para realizar la intervención. Tras el aval de la Corte, ayer venció el plazo previsto para la presentación de un nuevo recurso de apelación. Según trascendió, la mujer no está internada y se estudia si se realizará un aborto o una inducción al parto, dado que ya se cuentan casi veinte semanas de gestación. Por su parte, el arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, opinó que los jueces de la Corte “han incurrido en una grave responsabilidad ética y jurídica. Que Dios y la Patria se lo demanden”, reclamó en un comunicado titulado “Permiso para matar”. “En ningún caso la Iglesia ha enseñado jamás que la vida del niño deba ser preferida a la vida de la madre, pero tampoco es posible privilegiar la vida de la madre como si el niño por nacer fuera menos valioso.”

Caso polémico: el fallo que permite interrumpir el embarazo quedó firme ayer
UNA PROPUESTA PARA EVITAR UN ABORTO
Una clínica privada reveló que sus especialistas cardiovasculares quieren intentar

salvar la vida del bebe y de la madre

• La mujer ya no está internada en el Hospital Evita de Lanús
• Padece, entre otras dolencias, una miocardiopatía dilatada
• Para la defensora oficial el ofrecimiento es "una nebulosa"

LA PLATA.- La sentencia de la Suprema Corte de Justicia bonaerense en favor del aborto terapéutico de una mujer de 35 años y con casi cinco meses de embarazo había quedado firme a las 13 de ayer. Pero pocas horas antes, el director general del Hospital Universitario Austral, José Luis Puiggari, y el director médico de ese establecimiento, Eduardo Schnitzler, les enviaron una nota a las autoridades del hospital Evita, de Lanús, donde está internada la mujer, para ofrecerles, primero, una segunda opinión del diagnóstico y, después, un tratamiento cardiovascular para intentar que nadie muera: ni la madre ni el bebe.

Horas después, según fuentes sanitarias, el doctor Schnitzler se comunicó con las autoridades del hospital de Lanús. Hasta entonces, no hubo respuestas. Finalmente, a las 13, la sentencia en favor del aborto terapéutico quedó firme. Mientras tanto, el posible nuevo tratamiento para la mujer se manejaba en el más absoluto hermetismo. Una calificada fuente del caso confió el dato a LA NACION, que más tarde fue corroborado por la abogada de la mujer, Silvina Bardelli, y por el director del Hospital Universitario Austral.

La defensora oficial dijo: "Es cierto. Hubo un ofrecimiento de una clínica. Un ofrecimiento nebuloso. Es lo único que sé. Además, si bien me mantengo en contacto porque quiero saber cómo evoluciona la salud de la mujer, mi trabajo ya terminó".

Consultado por LA NACION, Puiggari afirmó: "No ofrecemos soluciones mágicas, y de ninguna manera ponemos en duda la idoneidad del equipo médico del hospital Evita, de Lanús. Sólo ofrecemos colaboración para hacer un diagnóstico y aportar la opinión de nuestro equipo del área de cirugía cardiovascular. Es un esfuerzo solidario para con la paciente, el niño y los profesionales que la atienden", dijo el director del Hospital Universitario Austral.

Desde esta unidad sanitaria se envió, además, un comunicado en el que sostiene que "el Hospital Universitario Austral puso a disposición del Hospital Interzonal de Agudos Evita sus equipos de Cardiología y Cirugía Cardiovascular; con el fin de asistir a una paciente de ese hospital que padece miocardiopatía dilatada con deterioro severo de la función ventricular, episodios de insuficiencia cardíaca descompensada y limitación de la capacidad funcional, así como endocarditis bacteriana y arritmia crónica con alto riesgo de morbilidad materno fetal, sumado a otros factores de riesgo".

Entretanto, una secretaria del hospital Evita dijo a LA NACION: "Llame el día lunes antes de las tres de la tarde, a la oficina de admisión". En off the record, un médico del centro de salud dijo que la mujer no estaba internada, y que la decisión de continuar, o no, con el embarazo era de ella.

Desde el principio
El caso comenzó a tomar estado público cuando la mujer se presentó ante la Justicia a pedir autorización para interrumpir el embarazo. Eso le habían indicado en el hospital Evita, de Lanús, pese a que el aborto terapéutico, según el artículo 86 del Código Penal, no es punible. Los riesgos estaban probados, según los informes médicos: la mujer tiene dos hijos, una niña de 13 años y un varón de cinco, que nacieron en partos prematuros y estuvieron en incubadoras, contó a LA NACION la doctora Bardelli.

Además, perdió dos embarazos. El 17 de mayo, el Tribunal de Familia Nº 2 autorizó el aborto.

Pero el tutor ad litem y el asesor de menores que representaban al bebe por nacer apelaron.

El caso -se dijo- llegó a la Corte, que rechazó los recursos presentados por los representantes del feto. "El caso no debió llegar a esta instancia. En todos estos meses, los médicos no le cambiaron la medicación por sus enfermedades. Toma seis o siete drogas que podrían afectar el embarazo. Pero no sabemos cómo está el feto, no aparece en los informes", dijo la defensora oficial.

Según le dijeron a LA NACION, la mujer ya no está internada y todavía no se le practicó el aborto terapéutico. Al cierre de la presente edición la mujer embarazada tampoco se había comunicado con las autoridades del Hospital Universitario, según aseguró Puiggari. Por lo que la historia continúa abierta.

Por Ramiro Sagasti
De la Corresponsalía La Plata

Un embarazo complicado

Fines de febrero
• La concepción: la mujer quedó embarazada aproximadamente a fines de febrero. Poco tiempo antes había perdido un embarazo. Era el segundo aborto espontáneo, según fuentes judiciales. Sus hijos vivos, una niña de 13 años y un varón de 5, nacieron en partos prematuros.

29 de abril
• La presentación: con 11 semanas de embarazo, la mujer se presentó ante el Tribunal de Familia Nº 2 de Lomas de Zamora. Los médicos del hospital Evita, de Lanús, le habían pedido que solicitara una autorización judicial para poder practicarle un aborto terapéutico. La defensora oficial Silvina Barbelli fue designada para representar a la mujer. Se nombró como tutor ad litem del feto a Axel Nacher, y el asesor de Menores e Incapaces Angel Villadeamigo se hizo cargo del caso.

17 de mayo
• Planteo de nulidad: el mencionado Tribunal de Familia autorizó el aborto terapéutico. Los representantes del bebe por nacer presentaron un planteo de nulidad y dos recursos de inaplicabilidad de la ley.

24 de junio
• Ante la Corte: el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia bonaerense. El lunes 27, el presidente del máximo tribunal provincial, Héctor Negri, convocó a una sesión de acuerdo extraordinario para resolver el caso.

Por seis votos contra tres, la Corte rechazó los planteos de Nacher y Villadeamigo por lo que aceptó que se practique un "aborto terapéutico".

29 de junio
• Apelación: el miércoles, la Corte fijó, debido a la urgencia, un plazo de 48 horas para apelar y otras 48 horas para que la otra parte revisara la medida.

1° de julio
• Sentencia firme: ayer, a las 13, la sentencia quedó firme. Nadie había recurrido el fallo. el aborto terapéutico estaba autorizado.

Al mismo tiempo, el Hospital Universitario Austral se ofrecía para brindar una segunda opinión y, eventualmente, un tratamiento para intentar salvar las dos vidas: la de la madre y la del hijo por nacer, que ya cursa la semana 20a.

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Editorial I
ABORTO: LA EXCEPCIÓN NO HACE LA REGLA

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires acaba de pronunciarse en una causa sobre lo que se conoce como aborto terapéutico, contemplado en el Código Penal desde hace años como una de las excepciones en las que el aborto no es punible. Nos referimos al supuesto en que el aborto es practicado para evitar un peligro para la vida o la salud de la madre que no puede ser evitado por otros medios. Requiere imprescindiblemente el consentimiento de la mujer y que el profesional que dictamina sobre su salud y practica la intervención sea un médico diplomado.

Cuando no se trata de los casos de excepción previstos por la ley, el aborto pasa a ser un delito, y los médicos y demás profesionales del arte de curar son punibles con diversas penas que varían en gravedad según se cuente o no con el consentimiento de la mujer.

Por lo tanto, el caso que algunas organizaciones de derechos humanos y el Ministerio de Salud agitan ante la opinión pública como si fuese la regla general, o un avance en materia de legislación abortista, no reviste carácter de tal.

Si el riesgo para la vida de la madre era real y si los médicos así lo dictaminaron, el caso judicial no existió y nunca debió llegar a la Justicia, pues la madre y los profesionales no necesitaban autorización del juez para obrar como querían obrar. Si todo aquello que no está prohibido por las leyes está permitido, según el sabio precepto constitucional, con mucha mayor razón se puede afirmar que cualquier persona está plenamente autorizada para hacer aquello que la ley declara expresamente que no es punible.

El caso que nos ocupa tampoco guarda relación alguna -como intencionalmente se ha querido interpretar- con la reciente sentencia que el mismo alto tribunal bonaerense pronunció con anterioridad en un caso de anencefalia, malformación que prácticamente resta toda viabilidad al niño por nacer, pues en esa oportunidad se autorizó el adelantamiento de un parto de más de 8 meses de gestación por medio de una cesárea. En ese caso se hizo nacer al bebe, que murió a las pocas horas. No se trató entonces de un aborto ni se suprimió la vida de nadie. El respeto al sagrado derecho constitucional a la vida fue plenamente preservado.

Desde el punto de vista ético, se podrá discutir si es legítimo o no hacer una elección entre salvar la vida de la madre o la del hijo, y, ante esta disyuntiva, elegir cuál de estas dos vidas debe privilegiarse. La doctrina clásica en la materia dice que el deber del médico es tratar de salvar a ambos, utilizando todas las técnicas que brindan la ciencia y el arte de curar.

Lo que no resulta aceptable, como se ha pretendido, es utilizar un caso de excepción que, discutible o no, ha sido claramente reglado y resuelto por nuestra ley penal, con el objeto de ampliarlo y extenderlo, como pretende el Ministerio de Salud, a otros casos en los que no existe un real dilema ético. Lo que sí tendría que hacer dicho ministerio es asegurarse de que los institutos médicos sean claros y fundados en sus dictámenes sobre el riesgo para la vida de la madre, garantizando el pleno respeto a la libertad de conciencia de aquellos médicos que ponen sus creencias, sus convicciones personales y su ética profesional por encima de la ley, y no desean prestarse a prácticas abortivas que violentan su conciencia.

El debate ético o doctrinario debe ser bienvenido cuando se trata de cuestiones que afectan lo más sagrado de la condición humana. Pero no deberíamos abrir controversias judiciales para discutir aquello que la ley ha resuelto ya con toda claridad.

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DERIVACIONES DE UN CASO RESUELTO FAVORABLEMENTE POR LA CORTE BONAERENSE

Los obispos, preocupados por una eventual despenalización del aborto.

Temen que el tema se termine zanjando en la Corte Suprema de Justicia. Y creen que allí es mayoritaria una opinión favorable a permitir su práctica.

Sergio Rubin

Si la Iglesia fuese un sindicato, podría decirse que los obispos se encuentran en estado de alerta y movilización. ¿Por qué?: los religiosos están convencidos de que en los próximos meses se producirán intentos por diversos caminos para despenalizar el aborto o, cuanto menos, ampliar las causales legales de su práctica. Sus miradas apuntan centralmente a la Corte Suprema por dos razones: porque existiría en el alto tribunal una cómoda mayoría favorable a avanzar en la legalización y porque sólo una interpretación jurídica podría "hacer tabla rasa" de las actuales normas que las prohíben o acotan.

La decisión esta semana de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires de dar luz verde para que se le haga un aborto terapéutico a una mujer con grave riesgo cardíaco fue la última fuente de intranquilidad entre los obispos. No tanto por el hecho en sí mismo —ciertamente, muy grave para la moral cristiana, pero previsto en la legislación argentina—, sino por las eventuales derivaciones judiciales que podría tener. Y por la bandera que, a su juicio, hicieron del caso los sectores favorables a la despenalización del aborto, procurando "ir creando un ambiente de aceptación en la sociedad".

La inquietud en materia judicial era la siguiente: que el caso terminara aterrizando en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ésta optara por un criterio amplio y generoso sobre las posibilidades legales de practicar un aborto. Salvo de Antonio Boggiano —hoy suspendido— y de Augusto Belluscio —quien ya anunció su renuncia—, contrarios al aborto, los obispos tienen serios interrogantes sobre el modo en que votarían en este tema los siete restantes miembros. No faltan algunos que creen que los siete se inclinarían por avanzar en la despenalización.

Con todo, fuentes de la Defensoría de Menores bonaerense —donde un miembro promovió la salvaguarda del feto— aseguraban que el pronunciamiento del alto tribunal provincial no sería llevado a la Corte Suprema de la Nación. "El paso del tiempo agravaría las cosas", decían. Queda, sin embargo, para los obispos la nueva estocada de los sectores abortistas, que se suma a la consideración que pidieron en el reciente caso de una joven jujeña que mató a su bebé concebido, según ella, como consecuencia de una violación.

En este sentido, el dato más irritante para la Iglesia es la posición del ministro de Salud. Ginés González García consideró "una buena noticia" el fallo de la Corte bonaerense, aunque aclaró que el caso nunca debió llegar a la Justicia porque la ley que permite el aborto terapéutico es clara. González García fue más allá y celebró que crezca el debate sobre el tema con vistas a la despenalización. Muchos obispos no entienden cómo el presidente Néstor Kirchner, contrario al aborto, consiente la actitud de su ministro.

Pero el mayor desafío para la Iglesia pasa por la ratificación en el Senado de un protocolo adicional de la Convención contra la Discriminación de la Mujer de la ONU que, según los religiosos, permitiría que una mujer a quien no se le permite practicarse un aborto denunciara internacionalmente esta situación como discriminatoria porque vulneraría sus derechos reproductivos. De nuevo, esto podría aterrizar en la Corte Suprema, que pediría respetar los pactos internacionales.

http://www.clarin.com/diario/2005/07/03/elpais/p-01501.htm