EL MINISTRO DE SALUD APOYO EL FALLO QUE AUTORIZO UN ABORTO

“Hay que ampliar la despenalización”

González García elogió la sentencia de la Corte bonaerense, pero cuestionó a los médicos que judicializaron el caso. Los obstetras le reclaman al ministro de Salud provincial un aval que les garantice que no serán denunciados si practican abortos terapéuticos.

Por Mariana Carbajal

El ministro de Salud, Ginés González García, celebró ayer el fallo de la Suprema Corte bonaerense que autorizó un aborto terapéutico, pero lamentó el periplo judicial que tuvo que atravesar la mujer, en un tiro por elevación a los médicos que la obligaron a recurrir a los tribunales para realizarle la interrupción del embarazo. El caso reactualizó el debate sobre el aborto. El ministro lo aprovechó para insistir en la urgencia de ampliar la despenalización. Desde la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de la provincia de Buenos Aires (Sogba), su presidente, Nicolás Qualeta, planteó que para practicar un aborto “no punible” los médicos reclaman que las autoridades sanitarias les brinden un aval que les garantice que no serán denunciados en la Justicia. En el Ministerio de Salud bonaerense prefirieron esquivar el tema y guardar hermético silencio.

“Creo que es una buena noticia la autorización judicial, pero una mala noticia todo lo que tuvo que pasar esta mujer para llegar a esto y que deba hacer gran cantidad de trámites”, opinó el ministro González García. Y expresó su posición en favor de que se “amplíe” la despenalización del aborto “en función de proteger la vida y, sobre todo, disminuir la mortalidad materna, que es uno de los temas graves que tenemos en la Argentina”. El ministro, además, evaluó que se han producido algunos avances en el debate: antes, el tema de la despenalización del aborto “estaba debajo de la alfombra y hoy no está más debajo de la alfombra. No es un tema que lo pueda resolver nadie solo, ni un ministro ni un presidente, es un tema de debate de la sociedad, que se resuelve en las legislaturas, como ha pasado en otros lugares del mundo”.

Otras voces, como la de la titular del ARI, Elisa Carrió, y de la senadora frepasista Diana Conti también respaldaron la decisión de la Suprema Corte bonaerense. “Cuando está en juego la vida de la madre, vale la vida de la madre”, afirmó la dirigente opositora. “La autorización judicial del aborto terapéutico es ejemplar y viene a poner bien en claro que en nuestro país ya existe el aborto no punible cuando hay peligro para la vida o la salud de la madre”, declaró la legisladora nacional.

El que prefirió guardar silencio sobre el tema fue el ministro de Salud provincial, Ismael Passaglia. Desde que se conoció la sentencia, el lunes, Página/12 intentó conversar con él al respecto. Pero, llamativamente, ayer sus voceros aclararon que el funcionario no quiere atender a la prensa. En su fallo, los integrantes de la Corte bonaerense realizaron un severo cuestionamiento al proceder de los médicos del Hospital Evita, de Lanús, dependiente del gobierno bonaerense, por condicionar a una autorización judicial la interrupción del embarazo que ellos mismos habían recomendado a la mujer para salvaguardar su vida. El Código Penal considera “no punible” el aborto “si se ha hecho para evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede evitarse por otros medios”. Y, como recordó el máximo tribunal, no exige una autorización judicial.

Sin embargo, es habitual que ese permiso se exija en los hospitales públicos. “Por miedo, por ignorancia, los médicos piden una autorización. Temen que, como el aborto es considerado un crimen en nuestro país, pueden terminar denunciados en la Justicia. Desde el punto de vista legal, es un exceso pedir una autorización de un magistrado, pero es entendible que así ocurra porque los médicos tienen miedo”, explicó a Página/12 Nicolás Qualeta, presidente de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de la provincia de Buenos Aires, una entidad a la que pertenecen unos seiscientos profesionales bonaerenses. En ese sentido, Qualeta señaló que están evaluando en la entidad pedir al Ministerio de Salud, que encabeza Passaglia, una especie de aval, de garantía, “que les dé seguridad a los médicos de que están amparados” cuando practican un aborto “no punible”.

Desde hace dos años hay en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que pretende reglamentar la forma en que deben proceder los profesionales ante ese tipo de abortos, terapéuticos o producto de la violación de una mujer idiota o demente. Pero la iniciativa, de la ex legisladora María José Lubertino, nunca fue tratada. El proyecto fija en seis días el plazo máximo para realizar la interrupción del embarazo. En un caso, exige que se diagnostique la existencia de peligro para la vida o la salud física o psíquica de la mujer embarazada. Y en el otro, que se produzca la denuncia judicial o policial de la violación. En ambas situaciones, la paciente debe dar su consentimiento. El proyecto aclara que “en ningún caso” se requerirá “la intervención o autorización de ninguna autoridad judicial o administrativa para resolver la conveniencia u oportunidad” de la operación.

Fallo de la Corte bonaerense: voces antagónicas
SE REAVIVA LA CONTROVERSIA POR EL ABORTO

La mujer fue internada en el hospital Evita, de Lanús; un sector de la Iglesia y el ministro de Salud opinaron sobre el caso

• González García reiteró que es partidario de avanzar sobre la despenalización
• Para la Universidad Católica, la muerte nunca puede ser una opción para curar a otro enfermo

Voces antagónicas respecto del aborto se pronunciaron ayer luego de que trascendiera el fallo judicial que le permitirá, a una mujer de 35 años, suspender un embarazo en el quinto mes de gestación, luego de que los médicos le diagnosticaran una severa cardiopatía.

No obstante las opiniones de la Iglesia y del ministro de Salud, que mantienen posturas diametralmente opuestas respecto del aborto, y a que el fallo de la Suprema Corte de Justicia bonaerense no está firme, la mujer fue internada ayer por la tarde en el hospital Evita, de Lanús, donde podrían interrumpir la gestación del bebe en las próximas horas, informaron a LA NACION fuentes de dicho nosocomio.
Al cierre de esta edición, la paciente permanecía internada en la Unidad Coronaria. Según dejaron trascender ante LA NACION, los informes de los servicios de Obstetricia y Cardiología del hospital aseguran que la mujer padece "miocardiopatía dilatada con deterioro severo de la función ventricular, con episodios de insuficiencia cardíaca descompensada y limitación de la capacidad funcional, así como endocarditis bacteriana y arritmia crónica con alto riesgo de morbilidad materno fetal".

"A la paciente le causa dolor el aborto terapéutico -dijo un médico del hospital Evita, de Lanús-, pero su vida está en peligro."

Puede practicarse
En rigor, a la paciente se le podría practicar el aborto terapéutico aunque el caso no esté cerrado en la Justicia, dijeron a LA NACION tanto desde la Corte provincial como desde el hospital.

El juez Horacio Daniel Piombo, uno de los seis ministros de la Corte que rechazó los planteos de los representantes legales del bebe por nacer, dijo: "El fallo aún puede ser apelado, pero de cualquier manera, el aborto terapéutico puede practicarse. En los estados de necesidad, el control judicial es a posteriori. En esos casos no se puede pedir autorización. Ese es el espíritu del fallo. Que el caso debió resolverse en el hospital. Es lo que dice el artículo 86 del Código Penal. Y si eliminamos ese artículo, existe el 34, sobre el estado de necesidad".

El caso, como se dijo, no está cerrado. Los defensores del feto, el tutor ad litem Axel Nacher, y el asesor de Menores e Incapaces de Lomas de Zamora, Angel Villadeamigo, pueden apelar. Vale aclarar que en este caso no cuentan, como ocurre habitualmente, con diez días. Debido a la urgencia, la Suprema Corte resolvió ayer en el acuerdo que se diera un plazo de 48 horas para apelar y otras 48 para que la otra parte revise la medida. Se trata de un recurso extraordinario federal. Tras los planteos, el máximo tribunal de la provincia decidirá si remite o no el expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Si el recurso es rechazado, a la parte le queda una instancia. El recurso de la queja.

Apelaciones
Hasta anoche, según fuentes judiciales, nadie había apelado el fallo. "Si apelan, es probable que llegue a la Corte nacional", dijo un ministro del supremo tribunal bonaerense a LA NACION. "Hay garantías constitucionales en juego, y los últimos intérpretes de la Constitución deben ser los miembros de la Corte de la Nación", concluyó.

"Es lamentable que haya existido demora en la Justicia -dijo a LA NACION el ministro de Salud, Ginés González García, consultado respecto del reciente fallo-. No quiero pensar lo que hubiera pasado si la madre se hubiera muerto. Debe haber muchos casos de muerte materna que podrían haber calificado para el aborto terapéutico y que no llegaron a concretarse porque como el aborto no está despenalizado hay miedo y ocultamiento en el sistema de salud. Debemos ampliar los casos de despenalización del aborto en la Argentina. Lo vengo diciendo desde que el Ministerio de Salud lanzó el Programa de Salud Reproductiva y Procreación Responsable."

Y agregó: "Pero no me corresponde a mí explayarme. Yo no soy ministro de Justicia, ni legislador, ni abogado. Lo más interesante es que la sociedad se está animando a debatir, a sacar de abajo de la alfombra este tema, con menos hipocresía, porque es un grave problema de salud pública".

Los miembros de la Iglesia prefirieron encolumnarse detrás de las declaraciones vertidas ayer por el coordinador del Instituto de Bioética de la Universidad Católica Argentina (UCA), presbítero Rubén Revello, quien recordó que "el deber de todo profesional de la Medicina es defender la vida (tanto la de la madre como la del niño por nacer) y, en este esfuerzo, debe empeñar todos los medios a su alcance".

No obstante, Revello evitó referirse al fallo del máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires, y en un comunicado titulado "Aborto terapéutico", expresó que "nunca la muerte intencional de un paciente (máxime cuando es sano) puede ser una opción terapéutica para curar a otro enfermos".

Y agregó: "Hay que partir de un hecho y principio ético fundamental: la persona humana es el valor máximo y trasciende cualquier otro bien, de modo que las consideraciones económicas y sociales no son argumentos para oponerse al valor supremo de la vida del hombre. "La ciencia es para la vida y su compromiso es custodiarla y sostenerla. La sociedad es para la persona y su defensa debe ser nuestro compromiso ético fundamental.

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Opinión

CUMPLIR LA LEY

Por Mabel Bianco

Para LA NACION

Ante la decisión de la Suprema Corte Bonaerense de autorizar el aborto terapéutico a una mujer con grave riesgo para su vida   hacemos algunas reflexiones.

En primer lugar  porque no se resolvió este caso en el Hospital y se solicitó la autorización a la Justicia? El Código Penal reconoce dos causales en las cuales no se penaliza el aborto, una es el grave riesgo para la vida, en la que se encuadra esta señora. Los mismos médicos tratantes que indicaron  el aborto  pidieron a la Justicia los autorizara. Lo hicieron porque  no sabían esto? Sabían, pero  temieron  los castigaran después? Las autoridades del Hospital no les dieron el asesoramiento adecuado? Las autoridades de salud provinciales  que hicieron? O que no hicieron?

Las preguntas y sus respuestas indican este problema, que para mujeres y familias es un drama, no es asumido por los distintos niveles del sector salud. Paradójicamente quienes deben atender la salud, desencadenan acciones  que atentan  contra el derecho básico a la salud  de esta mujer  y también  la de su familia. Lo  más grave aún, es que tampoco la justicia hizo lo que debía   y, por el contrario adoptó decisiones que agravaron y dilataron el caso que terminó en la Corte Suprema.

Se demoró la decisión ocho semanas, que en un caso de esta gravedad son claves, simplemente porque todos los actores responsables agregaron complicaciones innecesarias. El dictamen de la Corte Suprema es obvio, como lo señaló antes la defensora oficial que la Justicia le asigno a esta mujer indigente sin capacidad de pagar un defensor. Si  hubiera podido contratar un abogado defensor, habrían ocurrido  así los hechos? Lamentablemente sabemos que no es así, esta peripecia la experimentan los pobres, no los ricos que encuentran soluciones que les brindan, muchas veces los mismos, que  no las dieron en el hospital público.

Es fundamental que el Estado garantice a todos: ricos y pobres los mismos derechos. En ese sentido celebramos que en Octubre del 2004 los Ministros de Salud de todas las provincias junto al Ministro de Salud de la Nación firmaron un “Compromiso para la reducción de la Mortalidad materna en la Argentina “,  comprometiéndose a  entre otras acciones a: Garantizar el acceso a la atención del aborto no punible en los hospitales públicos dando cumplimiento a lo estipulado en el código penal.

Ahora toca que lo cumplan. Para eso deben comunicárselo a todos los profesionales, autoridades hospitalarias y toda la estructura de los Ministerios de Salud Pública y  además garantizar el debido control para el efectivo cumplimiento. También la ciudadanía tiene el deber de exigir su cumplimiento. Porque no podemos aceptar más que estas mujeres pobres mueran.

La autora es médica y presidenta de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer.

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