COMUNICADO CONJUNTO - 4.04.2013

POR LA LIBERTAD DE AILEN Y MARINA QUE ESPERAN JUSTICIA

Ailén y Marina Jara son dos hermanas de 19 y 21 años que se encuentran detenidas desde hace dos años por defenderse de un abusador sexual. Juan Antonio Leguizamón, un vecino de 35 años, acosó a las hermanas e intentó finalmente abusar sexualmente de una de ellas cuando ambas regresaban de bailar. La agresión fue con un arma de fuego de por medio. Las hermanas se defendieron con un cuchillo, apuñalando al agresor, sin causarle daño mayor alguno.

Su abusador, que acababa de recuperar su libertad tras salir de prisión acusado de robo, es conocido en la zona de Paso del Rey, según trascendidos periodísticos, por su vínculo con la venta de drogas y la relación con la policía de esa localidad. Hoy sigue viviendo libremente en el barrio y sin ningún tipo de procesamiento.

Sin embargo, Ailén y Marina fueron detenidas cuando concurrieron a denunciar el hecho y luego fueron acusadas y procesadas por el Poder Judicial por intento de homicidio.

Al día de hoy, esperan su juicio presas en el Penal de Los Hornos de La Plata. Hasta la fecha a las mujeres se les ha negado en dos oportunidades la excarcelación y el arresto domiciliario, pese a haberse acreditado agresiones dentro del penal y afectaciones de su salud física y psíquica.

La violencia contra las mujeres, afecta principalmente entre otros derechos, la autonomía, la libertad y la integridad física y psíquica.

Desde la Asociación Argentina de Mujeres de Carreras Jurídicas y FEIM creemos fundamental la construcción de una política clara en materia de lucha contra la violencia de género. Por “clara” entendemos una acción política en la cual confluyan todos los poderes públicos comprometidos emitiendo un mismo mensaje que disuada al violento, lo condene y devuelva la tranquilidad a sus víctimas. No al revés.

Un Poder Judicial que se muestra discrecionalmente indolente ante la violencia sexual que denuncian dos mujeres obstaculiza la conformación del espacio propicio para la búsqueda de la verdad material. Entendemos que promover un trato de extrema dureza para quienes, en estado de vulnerabilidad, dicen actuar en legítima defensa puede ser interpretado por la ciudadanía como un mensaje de disuasión para abandonar el lugar más oscuro que puede mellar la vida de una mujer, el lugar que la tiene como víctima de cualquier violencia.

Por todo esto, exigimos al Órgano Jurisdiccional una mirada sensible al género que sea capaz de comprometerse con la problemática de la violencia más allá de la declamación y que evite el camino de aplicación mecánica de penas, que si bien puede presentarse como más corto, sólo servirá para conjurar las injusticias más crueles de la inequidad y la vulnerabilidad en la vida de las mujeres.

Vivir una vida libre de violencia es un derecho de todos y todas. La libertad de ninguna mujer debiera ser el precio del ejercicio de este derecho.

Más información

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